Un nuevo 14 de abril ha llegado y con él la conmemoración de la experiencia histórica de la II República y la exaltación de los valores republicanos. Una vez más no pocos de los que compartimos mucho de lo que este día simboliza dudamos si acudir o no a los actos que celebran la fecha. Y no lo hacemos por sectarismos ideológicos o prejuicios políticos, dudamos porque el 14 de abril no es solo un día de conmemoración de aquella lucha de la que todos los trabajadores y trabajadoras somos herederas, es también un día de reivindicación de un proyecto político con el que muchas no estamos plenamente de acuerdo. Todas somos republicanas pero no todas queremos la III República o no nos parece el único camino a seguir para superar el moribundo Régimen del 78.
Por un lado nos encontramos con la inevitable conmemoración de lo que la experiencia de la República supuso para la clase obrera de los Pueblos del Estado y, más en concreto, cómo se desarrolló pese a sus contradicciones y acabó convirtiéndose en un referente progresista y de lucha antifascista. La experiencia histórica hay que conmemorarla, todos y todas nos sentimos y somos herederas de las luchadoras antifascistas que dejaron su vida durante los años treinta por este proyecto. Sin embargo hay que relativizar la experiencia histórica: hay que diferenciar el periodo republicano, entendido como legalidad burguesa que suponía pese a todo un progreso cualitativo con respecto a etapas anteriores, del periodo de la Guerra Civil y revolucionario en el que el pueblo trabajador aragonés tuvo un importante peso.
Tenemos que relativizar algunos mitos progresistas y dar a conocer el hecho innegable de que con el desarrollo de la educación pública durante el periodo republicano, el aragonés, como patrimonio cultural y lingüístico de nuestro pueblo, fue perseguido, negado y vetado iniciando un proceso de aceleración en la exterminación de nuestra lengua. Hay que relativizar una República contradictoria, que en su cómputo general fue necesaria pero que finalmente acabó por destruir y negar violentamente la soberanía revolucionaria de la que el pueblo trabajador aragonés se había dotado mediante el Consello d’Aragón. Somos herederas de la República pero no de cualquier espíritu republicano, reivindicamos la lucha de aquel pueblo obrero que se levantó en Aragón para luchar contra el patrón fascista, que comenzó a trabajar por su autonomía y que finalmente construyó un Aragón soberano en un cruel tiempo de guerra.
Pero la cuestión fundamental que se plantea cada 14 de abril no es la conmemoración de una experiencia histórica, es la conveniencia o no de un proceso político similar en nuestro tiempo. Aquí es donde, sin duda, encallan nuestras miradas. Se pide entonces una República federal, confederal, socialista, república a secas o de mil formas más. La conmemoración del espíritu de las personas antifascistas que defendieron la legalidad democrática se convierte en la reivindicación de un proyecto político que no todas compartimos. Así hace su entrada el republicanismo estatalista que nos viene a decir que la mejor de las vías para acabar con el Régimen del 78 es echar a la monarquía y lograr la República. En la imagen colectiva para avanzar solo hay un camino; el republicanismo. Pero nada se dice en este proyecto del papel que cumple el Pueblo trabajador aragonés, de sus problemas concretos como territorio. Se supedita todo nuestro interés político a una cuestión de modelo de régimen ¿responde esto verdaderamente a las necesidades reales de nuestro pueblo? Para los que luchamos por la soberanía de los Pueblos este republicanismo pueril de tricolor y de preocuparse más por la Casa Real que por los problemas concretos de cada territorio nos parece una ideología insípida y poco fértil. Los que creemos en la República Socialista Aragonesa lo tenemos difícil si queremos ver representado nuestro ideario dentro del proyecto político estatalista.
Se nos dirá entonces que la República será federal, que respetará el derecho de autodeterminación de los pueblos ¿Pero es acaso eso lo que a nosotras nos preocupa? A mí me interesan los problemas reales y concretos del pueblo trabajador aragonés; y me interesa que estos vienen de un sistema económico en el que no solo se da la desigualdad económica entre pobres y ricos sino que esta última se materializa mediante la explotación desigual que el Estado hace de los territorios que controla. Me interesa que las razones por las que mi gente se tiene que ir de sus pueblos o por las que no tienen infraestructuras no provienen de la institución monárquica sino de un modelo económico que el republicanismo estatalista no plantea cambiar.
La autodeterminación es un derecho que en cualquier proyecto democratizador que pretenda superar el régimen de democracia formal en el que vivimos ha de contemplar. La autodeterminación no es suficiente, es un derecho básico que los Pueblos pueden ejercer pero que por sí mismo no soluciona las desigualdades que sufrimos. Lo que necesitamos es que se garantice nuestra soberanía, que podamos decidir sobre todos nuestros asuntos, sobre nuestros recursos y nuestro modelo de desarrollo en todo momento, y no solo en un ejercicio de autodeterminación momentáneo. Necesitamos esta soberanía para que se termine el régimen colonial que explota a nuestros pueblos y esto es algo que ningún republicanismo estatalista nos plantea.
Para nosotras y nosotros, como se ve, el problema no está en la institución monárquica sino en el régimen en su conjunto, que lleva siglos utilizando el sistema colonial para controlar y desangrar la economía de los Pueblos. El problema no está en monarquía o república, está en el pacto social interclasista que desde hace décadas se ha fundamentado con igual apoyo de izquierdas y derechas. Muchas de las personas que apoyan hoy los valores republicanos siguen asentados en los mismos marcos del constitucionalismo, que es el factor que finalmente garantiza la estabilidad del régimen y con él también la monarquía.
Este Estado es una democracia formal donde el poder real pertenece a una oligarquía central; y por la que la forma de Reino no deja de ser nada más que un efecto coyuntural del proyecto económico imperialista y de clase que es España. Si bien una república no nos asegura el fin del Estado colonial y la soberanía de nuestros Pueblos, es fundamental que el proceso constituyente, si finalmente es republicano, no se funde en un pacto con esta oligarquía. Si se hace no habrá ningún cambio cualitativo relevante para los Pueblos trabajadores y supondrá tan solo el inicio de una nueva etapa de legitimación de un Estado usurero y cárcel de pueblos. De modo que a día de hoy lo relevante no es plantear la dicotomía monarquía o república, pues ambos proyectos pueden ser asumibles en gran medida por la oligarquía. Hay que plantear la lucha de clases en términos de constitucionalismo y anticonstitucionalismo, que es donde verdaderamente se definen las líneas de ruptura para un proceso realmente democrático.
Los factores que operaban en los años 30 y que hicieron de la II República un frente antifascista no son los mismos que actúan en nuestros días. Nuestra oligarquía está inmersa en proyectos imperialistas supranacionales que le aseguran su dominio independientemente de la forma del Estado. Así, si en los años 30 una república burguesa podía servir como base para la clase obrera en su enfrentamiento con la oligarquía de entonces, hoy este papel está realmente difuminado y no queda claro que pueda servir a los mismos intereses. Más bien parece todo lo contrario, tanto las clases dominantes españolas como el capital internacional podrían asumir sin mayores problemas el paso hacia un nuevo régimen republicano donde las estructuras del Estado apenas se verían modificadas. Convertir al Reino de España en un eco de la República de Francia, de Italia o de Alemania no es una opción. La lucha de clases se encuentra deslocalizada de ese viejo sueño de la izquierda española que es la tricolor; en el mundo globalizado la forma del Estado -tan importante en siglos anteriores- parece casi irrelevante. Para derrocar al Régimen del 78 y no simplemente para mudar su disfraz es necesario hacerle saltar en sus principales contradicciones, que son: 1) el totalitarismo constitucionalista que impide cualquier asalto a su propia e intocable legalidad; y 2) la soberanía de los Pueblos frente a un Estado y un poder económico esencialmente centralista y colonial.
Con esto quiero plantear el debate en torno a la supuesta necesidad o no de la tan manida III República española. Para la izquierda la república es un mantra que se presenta a sí misma como autoevidente pero que está lejos de quedar clara como un objetivo eficiente dentro de la estrategia de toma de poder por parte de la clase obrera. Flaco favor nos hacemos si no analizamos las otras vías posibles y dejamos los dogmas que nos dicen que la república es el único camino posible para el desarrollo de la lucha de clases en el Estado. Como se evidencia día a día lo que pone a los poderes centralistas y al Estado contra las cuerdas son los incipientes procesos soberanistas; el hecho de perder el control sobre flujos económicos que tendrían asegurados tanto en una monarquía como en una república.
Los Pueblos han de liderar el proceso constituyente que supere el Régimen del 78 y como habrán de hacerlo desde un movimiento popular íntegramente clasista, la forma nueva que de este proceso surja no será diferente a la que plantea el republicanismo. Se puede clamar todo lo que se quiera por una república socialista y federal pero eso no dejan de ser nada más que declaraciones de intenciones. Sin embargo el soberanismo es una rebeldía del aquí y del ahora, que no supone una reforma del Estado sino una superación de éste, como marco, en términos prácticos. La soberanía planteada por los movimientos populares de los Pueblos ejecuta la mayor contradicción del poder estatal que es la de su propia consistencia y no posterga, como hace el republicanismo, la revolución social a un futuro profetizado como escenario ideal de la lucha de clases. La III República no será más fecunda para la lucha popular de lo que lo es el actual régimen, quizá incluso menos debido a la actualización de las legitimidades y contando con que no se está en un escenario en el que tengamos suficiente fuerza como para forzar una república sin pacto interclasista.
La III República no es mi proyecto pero si en el futuro el Pueblo trabajador aragonés puede tomar protagonismo y salir beneficiado, debido a su empoderamiento, de un proyecto republicanista, entonces los soberanistas deberemos valorar qué es lo que conviene tácticamente a nuestro Pueblo en cada momento, aunque siempre teniendo en cuenta que esa república no será el fin del camino político que habremos de recorrer y que el reino que hoy enfrentamos acabará siendo la república que mañana también habremos de batallar por el derecho a nuestra soberanía.
Guillén González, militante de la Izquierda Independentista Aragonesa
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