Pese a la leyenda urbana, muy extendida, que afirma que la Seguridad Social fue obra de gobiernos franquistas, lo cierto es que el proyecto y los cimientos originales de este mecanismo se hallan en varios textos legales surgidos del parlamento de la II República española. Y el que hoy en día siga existiendo se debe exclusivamente a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras (principales beneficiarios de la misma) de varias generaciones. Por estas luchas disfrutamos de un sistema puntero incluso cuando es comparado con Estados con un PIB (Producto Interior Bruto) muy superior al del Reino de España.
Durante los últimos 20 años, y a pesar de las movilizaciones alimentadas desde las y los profesionales de los servicios sanitarios y el tejido social, la Sanidad Pública ha sufrido los ataques, desplantes y recortes provenientes de los gobiernos neoliberales de PSOE y PP.
Se han estado empleando multitud de mecanismos para emplear al sistema público de salud de incubadora de la sanidad privada. Se han contratado seguros privados para funcionarios, desviando así ingentes cantidades de dinero público. Se ha subcontratado y externalizado servicios a empresas privadas, analítica, radiología, transporte sanitario, limpieza, cocinas… aprovechando la calidad del personal y las infraestructuras públicas, introduciendo en las mismas espacios privados y, en nuestro país, el PSOE creó el Consorcio Aragonés de Alta Resolución para introducir a las empresas en la gestión de la sanidad pública, rebajando las condiciones laborales de los trabajadores y desviando dinero público a la empresa privada.
Si los intereses públicos y de la clase trabajadora, ya tenían un enemigo en la industria farmacéutica y sus lobbies, hoy ya se vislumbra el poderoso monstruo de la sanidad privada, que no solo ha nacido del robo de recursos públicos, sino que se va a alimentar de la destrucción del sistema de sanidad pública y el deterioro de la salud de la clase trabajadora. No en vano la influencia del mercado se extiende a todos los ámbitos de la salud y la industria farmacéutica, lejos de favorecer con su trabajo el cuidado de la salud y bienestar de las personas, parece tener más interés en prácticas no legítimas como la manipulación del sistema de patentes, el control monopolista tanto de la investigación, como de la formación médica y las publicaciones científicas, la compra de voluntades políticas, académicas y profesionales, el marketing engañoso o la invención de enfermedades entre otras.
Son muchas las estrategias que amenazan el sector sanitario público, ya hemos visto como el ultraliberalismo del PP ha expulsado de la sanidad a los inmigrantes sin papeles, ha privatizado hospitales o ha incluido el copago de los medicamentos. La avaricia del capitalismo es infinita incluso a costa de la salud y la vida de las personas.
Observamos atónitas las enormes lagunas que nuestro sistema no ha querido llenar, mientras en países mucho más empobrecidos (Cuba, Venezuela…) ni se plantean mantener esas lagunas. Nos referimos con esto a la asistencia dental, la atención a personas con diagnóstico de enfermedad mental o las muy prometidas ayudas de la “Ley de Dependencia”, que ya han comenzado a suprimir, por poner sólo algunos ejemplos.
La función principal de un Sistema Sanitario es asegurar el derecho a la salud de las personas, no exclusivamente atendiendo a un correcto diagnóstico y tratamiento sino procurando que éstas no enfermen, que se mantengan sanas. Para ello, consideramos primordial la atención a todos los determinantes que influyen de forma clara en la salud de las personas y que incluyen los estilos de vida, las redes sociales y comunitarias, las condiciones laborales y de vivienda o la educación entre otros.
En Puyalón de Cuchas defendemos el derecho de todas las personas a contar con la mejor asistencia sanitaria posible, independientemente de la situación económica de éstas. Creemos que el derecho a la salud debe ser universal, sin que el lugar de procedencia importe. Partimos de la máxima que expone que los derechos nacen de las necesidades. Y afirmamos que, en el marco de un régimen burgués, los derechos no son concedidos sino conquistados. Y que, una vez conquistados, la tarea de defenderlos corre a cuenta de todas, especialmente de las más concienciadas.
En los últimos años somos testigos de múltiples intentos de privatización y recortes en esta materia. Se nos dice que van a acabar con las listas de espera, y eso equivale a derivar pacientes del sistema público al privado, con el sobrecoste asociado. Se nos dice que se va a racionalizar el gasto farmacéutico, y eso equivale a dejar sin medicinas a miles de enfermos crónicos y ancianos, e introducir el copago. Se nos dice que van a optimizar la gestión de los hospitales, y eso equivale a abandonar dichos centros a la avaricia ilimitada de las empresas privadas. Se nos dice que van a aumentar la productividad de las plantillas, y eso equivale a despidos, recorte de derechos, presión antisindical.
Pero en Puyalón de Cuchas creemos que la crítica sin alternativas es estéril, lo que nos lleva a plantear una serie de medidas dirigidas a mejorar la sanidad pública.
En definitiva, luchamos por una única sanidad aragonesa pública, de calidad, laica, científica, democrática y universal.
En Aragón, 30 de enero del 2013.
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