Ante el anuncio las últimas semanas, por parte del Clúster de la automoción en Aragón, tras su V edición del Car Suppliers Meettings, así como el de otros sectores de la Industria y Tecnología, de la intención de muchas compañías de atraer a Europa proveedores que producen en China, desde Puyalón vemos una nueva oportunidad de organizar nuestro tejido industrial, vertebrar el territorio aragonés con nuevas empresas y hacernos con el control de sectores estratégicos. Aragón no puede dejar en manos de terceros países la producción industrial, tras las lecciones aprendidas durante la pandemia Covid-19.
En Aragón tenemos una amplia experiencia con la marcha de multinacionales como Schindler (La Puebla de Alfindén), Gamesa (Tauste), Siemens (Zaragoza), Losan (Caspe), Kimberly Clark (Calatayud), Polidux
(Monzón), Moulinex (Barbastro) … o en su día Heinz en Ejea, o Mildred en Uesca, Alcoa-Dequisa
(Sabiñánigo), Delphi (Belchite-Tarazona), Fagor (Borja), Endesa (Andorra)… Empresas que en su
mayoría empleaban a plantillas con más de 300 empleados, que suponían un motor determinante
en sus comarcas, y en unos productos como el textil (Kimberly Clark o Losan), agroalimentario
(Heinz, Mildred), automoción (Delphi), químico (Dequisa-Polidux), electrodoméstico (Moulinex) o
eólico (Gamesa) igualmente estratégicos. Todas estas empresas dejaron Aragón, a miles de trabajadores en el paro y una importante pérdida de tributación económica.
La falta de oportunidades en el sector eléctrico de la automoción, o en el aeronáutico, son sólo
ejemplos de la falta de planificación y control sobre los sectores estratégicos de la Industria aragonesa. Estos sectores son los que deberían de tirar de las exportaciones en Aragón generando empleo digno, un conocimiento y asentando población allí donde las aragonesas lo necesitamos, y no
donde la Multinacional de turno decide instalar su “Facility”.
Durante las últimas décadas hemos presenciado como Aragón va dando bandazos en su estrategia
industrial, sin un plan que arraigue una industria propia y sin un fondo público que pueda garantizar la permanencia de industria mediante participaciones. A ello hay que añadir la falta de inversión en I+D+i público, agravando este problema.
Recordamos que la Corporación pública empresarial aragonesa fue creada a finales de 2007 por el
Gobierno PSOE-PAR de Marcelino Iglesias, para aglutinar a la totalidad de las participaciones empresariales del Gobierno aragonés, tanto en empresas públicas como en sociedades privadas en
las que tiene acciones. En aquella época se inyectaron 2,25 millones de euros, con una ampliación
de capital del 8,71 millones y una subvención de CEPA de 8,5 millones. En el año 2020 el Gobierno
de Aragón hizo una transferencia a la Corporación de unos 13 millones de euros, y unos 50 millones
en 2021 transferidos a la CARTV como si fuera una Corporación empresarial autónoma.
Durante la legislatura Rudi (2011-2015), el PP, intentó liquidar algunas de estas empresas públicas,
aludiendo a sus pérdidas en plena crisis y analizando las que más pérdidas tenían. En un intento
por conseguir lo que tendría que ser el efecto contrario, evitar la pérdida de empresas estratégicas
y arraigadas en el territorio que podrían ser rescatadas.
Se sabe que en la actualidad (cifras de 2021) el Fondo público para esta Corporación cuenta con alrededor de 556,682 M de €, del cual es Sociedad Dominante en la propia Corporación y participa
en otras 16 Sociedades Dependientes. Todas estas sociedades creadas por el Propio Gobierno de
Aragón que rescata dependiendo el año con diferentes ampliaciones de capital (p. ej. Motorland).
Parte de este Fondo debería estar específicamente destinado a participaciones empresariales. En
accionariados de empresas con un mínimo de facturación y más de 50 trabajadoras, con la premisa de tener sede en Aragón evitando las que estén en crisis. Los sectores deberán ser áreas estratégicas para Aragón como automoción, química-medicina-farmacéutica, energía, agroalimentación, ecoindustria, transporte-logística o electrónica. Un mínimo fondo de 450 M debería ser únicamente a este propósito, como así lo están haciendo otras comunidades Europeas.
Recordemos que en Francia, el Estado tiene participación en 81 compañías, entre ellas, France Telecom, que es el principal operador del país; o en Renault; también tiene parte en Air France; y en la principal compañía eléctrica del país, Electricité de France. En Alemania, la participación del Estado llega también al principal productor de automóviles, el Grupo Volkswagen; de nuevo en las comunicaciones, al igual que en el país galo, con parte de accionariado de Deutsche Telekom; también en RWE, el segundo productor de energía del país; y en Salzgitter, un conglomerado dedicado a la industria siderúrgica. Dentro de la UE es Polonia el país que tiene un mayor índice de propiedad estatal de empresas, seguidos de Rumanía, Suecia, Lituania, Francia o Irlanda. Hay que descender, sin embargo, hasta el puesto 31 para encontrar a España, que afrontó un intenso proceso de privatizaciones en la década de los 90 a finales del siglo pasado. En Italia, la energética Enel controla el mercado nacional con su gobierno como principal accionista, y opera en más de 30 países con marcas como Endesa.
