Puyalón
quiere intervenir la ayuda a domicilio y residencias privadas fuera
de control sanitario y organizacional, ya que no disponen de los
medios adecuados.La crisis sanitaria, social y económica desatada por el COVID-19 está sacando a la luz las miserias en las residencias de la tercera edad y otros sistemas asistenciales, donde se están produciendo los mayores focos de infección.
Según datos del Gobierno de Aragón, el 77% de los contagios y el 94% de mortalidad se da en personas mayores de 70 años. En Aragón hay 74 residencias públicas y 228 privadas concertadas, algunas de dudosa capacidad de atención y más orientadas al negocio particular.
Vemos la carencia de medios personales y material para dar un tratamiento digno a nuestros mayores. Actualmente hay que estar en un alto grado de dependencia para ser admitido en una residencia pública. Esto provoca que mucha gente tenga que buscar una privada. Necesitamos un sistema público fuerte que garantice poder dar la atención adecuada a todas las personas que lo necesitan de manera directa, sin las externalizaciones actuales, que como se está demostrando, solamente sirven para devaluar la calidad de las prestaciones.
La pandemia del COVID-19 está mostrando la incompatibilidad del capitalismo y la vida, dejando de lado a las personas más vulnerables. Las administraciones públicas aragonesas han demostrado también su propia incapacidad para hacer frente a esta crisis. Ni la Unión Europea, ni el eje anglosajón están respondiendo a la crisis. Están más preocupados por la economía que por las personas. Los recortes y la senda de austeridad neoliberal emprendida desde el comienzo de la crisis de 2008 acarreó transformaciones estructurales, y en el escenario actual se ve con toda su crudeza.
La clase trabajadora es la que más va a padecer esta crisis, también en su aspecto económico. Por ello desde Puyalón hemos desarrollado una serie de propuestas urgentes para aplicar, con la intención de paliar esos efectos. Las medidas planteadas son en materia socioeconómica y política, y también en derechos fundamentales, como por ejemplo la creación de mando único del Gobierno de Aragón ante emergencias y la vuelta a lo público de todos los servicios externalizados que se han demostrado incapaces.
Una especial sensibilidad con las personas dependientes y garantizar la salud de las personas que les atienden, como en el caso que denunciamos recientemente por quienes prestan ayuda a domicilio. Las personas en el centro de todo.
La salud y bienestar de la población ha de ser una prioridad. Esta emergencia sanitaria debe servir para que nuestra sociedad y poderes públicos cambien su mirada y comprendan la necesidad de disponer se un sistema sanitario y asistencial fuerte, que disponga de todos los recursos para atender a toda la población, especialmente a aquellas personas más vulnerables y que más lo necesitan.
En estos momentos de crisis no se puede seguir fallando y el Gobierno de Aragón debe intervenir todos aquellos sitemas asistenciales fuera de control sanitario y organizacional, como es el caso de muchas residencias de mayores o ayudas a domicilio comarcales, que están privatizadas y que no disponen de los medios personales ni materiales adecuados para prestar un servicio con un mínimo de calidad y que están desatendiendo a nuestras personas mayores y dependientes.
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