La empresa energética pública aragonesa debe ser la responsible de iniciar los procesos de reversión de aquellas centrales hidroeléctricas con la concesión caducada y de preparar las próximas que puedan caducar anteponiendo los intereses sociales y medioambientales, y con el objetivo claro de avanzar en la soberanía energética.
Desde Puyalón de Cuchas venimos denunciando desde hace tiempo que diversas centrales y presas
hidroeléctricas aragonesas se irán incorporando a la Confederación Hidrográfica del Ebro en los
próximos años. En concreto son 19 las centrales que hasta 2027 van a ver caducada su concesión.
Algunas, como Lafortudada, han quedado paradas por una prorroga de dudosa legalidad que finalmente se revertió. En todo caso las más grandes de la cuenca como Mequinença, Ribarroja o Mora –
lets no lo harán hasta 2061, ya que la ley que ponía fin a las concesiones por perpetuidad entró en
vigor en 1986.
Entendemos que todos estos recursos energéticos no pueden pasar a gestionarse por un ente como
la CHE, que se ha demostrado más que incapaz de trabajar por una Cuenca Hidrográfica sostenible,
libre de los lobbys capitalistas de la construcción, agricultura y energía.
La legislación vigente (Ley de aguas de 2001 y Ley de patrimonio de las administraciones públicas de
2003) marca que el período concesional de estas infraestructuras generadoras de energía debe ser
de un máximo de 75 años, sin prórrogas desde su puesta en marcha. Pasado este período, se extinguirá automáticamente el derecho de aprovechamiento privado y procederá a la reversión pública,
de forma gratuita y libre de cargas, de todas las instalaciones que supongan el aprovechamiento hidroeléctrico.
El Gobierno de Aragón debe ponerse manos a la obra y emitir los procedimientos de reversión pertinentes con 3 años de antelación a su caducidad (como así figura en la ley) ya que estos procesos
son complejos y se debe llegar a tiempo a esta fecha.
Desde Puyalon reclamamos una empresa pública aragonesa que tenga el control público de todo el
ciclo de producción, distribución y comercialización de la energía, con el objetivo de que los suministros básicos sean un derecho garantizado para toda la población y no una mercancía, que facilite
la transición ecológica y una gestión clara. El control público de la energía nos permitirá ser soberanos frente a los oligopolios privados.
En este sentido el control municipal de minicentrales también debería ser fomentado por los ayuntamientos. Animamos a ayuntamientos como Bielsa, Campo, Panticosa, Tella-Sin, Nuévalos o Añón,
ya no sólo a exigir compensaciones, sino a hacerse con el control y municipalizar minicentrales.
