CONTRA EL PROCESO DE “LOS 51 DE ZARAGOZA” POR PARTICIPAR EN UN ESCRACHE PACÍFICO PARA VISIBILIZAR LA REALIDAD DE LOS DESAHUCIOS.
La mayoría parlamentaría que sustenta al Gobierno ha dinamitado las esperanzas que la mayoría de la sociedad tenía puestas en la ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios. Pese a que se admitió la ILP para su debate, en el trámite decidió sacar adelante una reforma de nuevo insuficiente. De hecho, la llamada “ley para la protección de deudores hipotecarios” finalmente no contiene ni uno solo de los puntos reivindicados por las plataformas de afectados.
Una vez que el Gobierno resolvió tirar a la basura los tres puntos de mínimos contenidos en la ILP, y con la campaña de escraches de las PAH y Stop Desahucios encima, decide convertir a las plataformas de afectados en “el enemigo”. Comienza una campaña de criminalización en la que incluso se repiten de forma sistemática declaraciones tendentes a comparar las movilizaciones de los afectados por la hipoteca con los nazis o con el terrorismo, a fin de convertir a la víctima en verdugo e iniciar una horripilante campaña que después se concretará en sanciones, señalamientos, identificaciones masivas, amenazas veladas a colectivos determinados… Todo sirve para tapar la incapacidad o incluso la falta de voluntad política del Gobierno para legislar en favor de las personas frente a la banca. ¿Hasta donde estarán dispuestos a llegar?
El pasado 9 de abril varias decenas de ciudadanos realizaron un escrache para llevar la voz de los afectados hasta las inmediaciones del domicilio de Eloy Suárez (diputado y concejal de Zaragoza). Como es sabido Stop Desahucios se ha dirigido en repetidas ocasiones y por distintos medios a los diputados aragoneses del PP apelando a su conciencia ante la tramitación de la ILP e invitándoles a entrar en contacto con las asambleas de afectados. La plataforma nunca obtuvo respuesta y finalmente las acciones y omisiones de los diputados del PP electos por Aragón han desembocado en la voladura de la ILP.
Antes de realizar el escrache 51 personas (activistas y afectados) fueron identificadas por la policía a 600 metros de Paseo Las Damas donde reside Eloy Suárez. La Delegación del Gobierno anunció que abriría proceso sancionador y en paralelo remitía el expediente a la Fiscalía General del Estado. El lunes, 29 de abril, comienzan la llegada de cartas anunciando el inicio de los procesos sancionadores al conjunto de las 51 personas identificadas. Un severo castigo colectivo que oscila entre los 200 euros y la máxima de 1.500 para quien Gustavo Alcalde consideró “portavoz”. Queda pendiente conocer el resultado de las diligencias informativas abiertas por La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza que habla de posibles “coacciones y de atentado a la autoridad”.
Esta propuesta de sanción de miles de euros es un intento descarado de intentar callar a los afectados por la hipoteca y a quienes luchan junto a ellos. Pretenden terminar con aquello que precisamente aporta esperanza a los afectados y al conjunto de la sociedad. Cada concentración o actividad de la Plataforma es respondido con identificaciones masivas, incluso se llega a retener para identificación a personas que andan tranquilamente por la calle por el simple hecho de ser “los de Stop Desahucios”. Tienen miedo a la capacidad de la gente para cambiar las cosas. Esto les preocupa más que el incumplimiento sistemático de los derechos humanos.
Al mismo tiempo observamos cómo otros colectivos y movimientos sociales de nuestra ciudad sufren procesos penales o administrativos similares.
Algunos ejemplos:
Cinco compañeros de Marea Verde que se enfrentan a un juicio de faltas, aunque la Fiscalía pide que sean juzgados por “coacciones y de atentado a la autoridad”, por realizar una “escultura de tuppers”, en protesta por el conflicto de los comedores, cerca del domicilio de María Dolores Serrat Moré, la Consejera de Educación de Aragón.
La Plataforma Solidaria de Actur y Parque Goya vio cómo un acto comunicado y pacífico en el que participaban unas pocas decenas de personas para reclamar mas agilidad en la tramitación del IAI, ha terminado con varios compañeros multados y una compañera a la espera de juicio el próximo 28 de mayo.
También podemos acordarnos de Nano -del CSO Kike Mur- al que la fiscalía en un juicio ahora visto para sentencia pide una condena de seis meses de prisión y multa de hasta 1.500 euros por desorden público y atentado a la autoridad. O las multas y consecuencias judiciales para varios jóvenes que se oponían a la celebración de un acto de un peligroso grupúsculo nazi y que fueron objeto de provocaciones.
Resulta escandaloso que esto se produzca, mientras los responsables de la crisis disfrutan libremente de los grandes beneficios obtenidos durante la época de auge. Ni uno solo de los directamente responsables en la estafa inmobiliaria ha sido condenado. Es más, a cambio de arruinar el país disfrutan de vergonzosas pensiones e indemnizaciones.
La ciudadanía no puede permanecer impasible ante la conculcación de las libertades y derechos democráticos, con el único fin de garantizar la aplicación de los planes del Gobierno y La Troika, los cuales, no solo necesitan continuar con la estafa que llaman crisis para recortar nuestros derechos y trasvasar ingentes cantidades de fondos públicos a la banca, sino que también nos necesitan sumisos para continuar con esta estafa de dimensiones colosales que han denominado crisis.
Reclamamos a la Delegación del Gobierno y a las Fiscalías que terminen con estos procesos políticos represivos contra movimientos sociales pacíficos. Reclamamos la anulación del proceso contra Los 51 de Zaragoza, así como el final de la campaña desatada por el gobierno de criminalización de Stop Desahucios y PAH.
Cada uno de nosotros y nosotras exigimos que se hagan efectivos nuestros derechos básicos y fundamentales, particularmente nuestro derecho a una vivienda digna y adecuada.
Por eso gritamos y gritaremos con todas nuestras fuerzas: ¡Yo soy la 52! ¡Yo soy el 52!
]]>