Las declaraciones y actuaciones de la diputada del PP María José Ferrando sólo demuestran la incapacidad cultural y de conocimiento de una persona que no puede liderar ninguna ponencia de leyes de lenguas de ningún lugar del mundo. Una ponencia tendenciosa y políticamente apoyada por PAR y la plataforma “No hablamos catalán”. Plataforma ésta en la que participan elementos extremistas, estos sí de dudosa legitimidad democrática, ahora que reclaman esta palabra desde los sectores de la derecha españolista, solo por haber ganado con mayoría unas elecciones más que influyenciadas por la situación económica por ellos creada.
Desde Puyalón de Cuchas se quiere denunciar que precisamente por las presiones de estos sectores cuando eran amplia minoría, no se pudo desarrollar una ley digna de lenguas ni ninguna ponencia durante 30 años de democracia. Una democracia ficticia que deja sin derecho de expresión y comunicación a millares de aragonesas/es. Y sin el derecho de enseñanza en su lengua, cimiento de cualquier democracia. Todo eso ni después de firmar el dictamen de la comisión especial de política lingüística de las Cortes de Aragón, aprobado en 1997 sin ningún voto en contra. Nadie que desprecie de esa manera el patrimonio de Aragón, la cultura y la ciencia puede liderar ningún foro de debate sobre estos asuntos. La desparación de la denominación histórica de las dos lenguas de Aragón continuará arrastrando cualquier iniciativa desde los sectores de ultraderecha españolista.
El uso de datos falsos y populistas como el empleo del “pinganillo” en las Cortes, la contratación de más funcionarios o de boletines traducidos en aragonés y catalán, sólo son demanadas ampliamente extendidas por la españolismo en foros europeos o internacionales. Donde la incapacidad o arrogancia de estos políticos les impide seguir ninguna lectura, conversación o charla en inglés. Tal y como Ana Botella ha demostrado en su última presentación de Madrid delante del COI. Unos datos comunmente manipulados en foros internacionales por un entamado administrativo organizado alrededor del “Instituto Cervantes”, con un presupuesto, este sí, que nos quitaría en un momento todos los problemas de financiaron en Aragón para la enseñanza, sanidad o leyes sociales como la de dependencia.
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