Los 118 kilómetros de la NII y N232 (en el tramo Figueruelas-Mallen) se han cobrado la vida de casi 200 personas y más de 1200 heridos en diez años. Mucho se ha hablado de la necesidad de desdoblar estas vías obviando la solución más rápida y económica, la expropiación o rescate de las autopistas que discurren paralelas a estas carreteras. Estas autopistas de gestión privada habrían cumplido o estarían a punto de cumplir su concesión si no fuera porque el gobierno español del PP con el apoyo de CIU les prorrogó la concesión en los años 2000 y 2004. Concretamente la AP 68 sería una autopista pública desde 2011 y la AP2 en 2014 si José María Aznar no hubiera antepuesto los intereses de empresas privadas (Abertis- CaixaBank) a la vida de las personas.
El último despropósito del Gobierno de Aragón es el acuerdo al que ha llegado con la concesionaria por el cual Aragón pagará el 50% del peaje en algunos tramos. Esto sumará a las arcas de la multinacional más de dos millones de euros al año y un millón adicional por la ejecución de unas obras de acceso a la AP2 que saldrán de los menguados presupuestos aragoneses.
Son 118 kilómetros por donde pasan 25000 vehículos al día en su mayoría camiones, hay tramos donde el 71% del tráfico lo componen vehículos pesados. 118 kilómetros de carretera con numerosos cambios de rasante, accesos a caminos sin carriles de deceleración, pasando por varias localidades con los riesgos y molestias que esto conlleva.
Durante años las delegaciones de partidos españoles en Aragón han reclamado el desdoblamiento de estas vías y el resultado ha sido el ninguneo al pueblo aragonés, a las víctimas y el ridículo de los representantes aragoneses del PP y del PSOE y sus socios del PAR. Situación más bochornosa, si cabe, si tenemos en cuenta que un aragonés, Victor Morlán, fue Secretario de Estado de Infraestructuras durante los siete años del gobierno del PSOE en España.
Esta sangría se tiene que parar, y se puede de manera mucho más rápida que construyendo 118 kilómetros de nuevas autovías. Hay que rescatar las concesiones que tiene Abertis sobre las autopistas. La alta siniestralidad de las vías y el tráfico que soportan la NII y la N232 hacen que sea necesario y posible la declaración de Utilidad Pública y por lo tanto nacionalización de las autopistas de peaje 2 y 68. Desde Puyalón de Cuchas exigimos al estado español, al Gobierno de Aragón y a los partidos políticos aragoneses o con delegación en Aragón que se den pasos rápidos y firmes en este sentido con el objeto de evitar más muertes, muertes de las que son responsables los diferentes gobiernos que ha tenido el estado español y nuestro país.
La alta siniestralidad de estas vías legitiman al pueblo aragonés, como ninguna otra argumentación política o técnica, para exigir la nacionalización de esos tramos de autopista privada.
El acuerdo del Gobierno de Aragón con la empresa concesionaria de las Autopistas de Peaje Acesa (Abertis) nos parece un atraco a los bolsillos de todos los aragoneses. El PP español es el responsable de que la AP 68 no sea una autopista pública desde 2011 y de que la AP 2 no lo sea en 2014 ya que prorrogó la concesión que vencía en estas fechas. Este acuerdo no solo nos puede costar más de dos millones de euros al año que se embolsará la multinacional, sino que además le tendremos que pagar un millón adicional por la ejecución de unas obras de acceso a la AP2. Un pago que vamos a hacer todos los aragoneses por culpa de la gestión del PP.
La única solución para la alta siniestralidad de esta vía es el rescate o nacionalización de las autopistas y que los gobernantes de turno dejen de compadrear y regalar el dinero de todos los aragoneses a las constructoras y multinacionales.
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