Puyalón valora como lamentable la guerra de cifras que se están dando entre líderes políticos estatales e instituciones autonómicas, por visualizar quién es menos responsable de las muertes de personas mayores en la red de residencias del Estado español. Esta “cortina de humo” del PP y del PSOE no debe esconder el principal problema que subyace a esta política de salón: la crisis de emergencia social generada por el COVID-19 y sus afecciones sobre las personas mayores. Se ha demostrado y con mucha contundencia, que sólo un sistema público asistencial es capaz de afrontar con eficacia situaciones de alarma como la actual.
De las casi trescientas residencias de mayores que hay en Aragón, sólo 71 son de titularidad pública (IASS, ayuntamientos y comarcas), el resto son privadas. Por ello, y ante la gravedad de casos como el vivido en residencias de Teruel o Uesca, por poner unos ejemplos, desde Puyalón apostamos por la gestión directa desde el común. Las residencias de titularidad privada son las que han concentrado más fallecidos en el sector, incluso la administración pública ha tenido que intervenir en alguna de ellas para evitar más muertes. La previsión ante posibles rebrotes debe ir en esta línea, no mediante parches o “pidiendo perdón”.
Planteamos un plan integral de recuperación en la titularidad de estos centros, para que vuelvan al dominio público todas las residencias de mayores. El modelo aragonés está “altamente privatizado”. De tal forma que instamos a un gobierno “supuestamente progresista” a que inicie una política de intervención sobre la red de residencias. La dispersión y debilidad demográfica de nuestro país hace que el modelo concertado sea un fracaso, no cumpla objetivos y lo único que provoque es que se agrande mucho más la brecha de cuidados.
El capitalismo mata y selecciona, privatizar no debe ser una opción. Se trata de un debate en el que Puyalón sitúa a las personas en el centro, y no al capital y sus intereses especulativos. Por ello, estas medidas que proponemos deben ir acompañadas de una redistribución de la riqueza que permita a las mayorías sociales tener una vida digna, sin importar edad, origen o renta.
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