Desde Puyalón de Cuchas apoyamos y asumimos todos los puntos que Educadores en Lucha ha hecho llegar a través de una carta abierta a todos los partidos políticos.
Llamamiento a los partidos políticos:
Tras el manifiesto desconocimiento y la exquisita insensibilidad exhibidos sin ningún pudor por el actual Gobierno de Aragón sobre la realidad y la atención de los menores en protección, Educadores en Lucha ha decidido escribir esta carta pública a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas y locales en Aragón para proponerles que incorporen a sus programas cinco puntos básicos para garantizar la dignidad y viabilidad del servicio público que el Gobierno de Aragón dedica a los menores que tienen la necesidad de ser protegidos.
Apelamos a la responsabilidad política y ética de las personas que aspiran a representar al conjunto de la sociedad aragonesa en sus instituciones públicas para proponerles que incluyan en su programa electoral los siguientes puntos:
1- En el caso de externalizar servicios públicos en ningún caso se seguirá con el modelo actual que posibilita que este tipo de concursos los gane la propuesta más barata en lugar de la más solvente ética y técnicamente. En cualquier caso los concursos públicos para los servicios y atención de menores en protección y reforma deberá primar el criterio técnico sobre el económico.
En la actualidad es difícil de entender que el mercadeo que impulsa la administración pública con estos contratos, primando lo económico sobre lo técnico, tenga algo que ver con garantizar la mejor atención posible a los niños y niñas que lo solicitan. Es indefendible que una vez acordado un presupuesto público se expongan los menores de protección a subasta, obviando sus necesidades y priorizando ahorro económico. Los niños no se venden, los niños se defienden.
2- La administración pública no trasladará en ningún caso a las entidades privadas los gastos derivados de la atención de necesidades básicas como alimentación, sanidad, vestimenta y gastos escolares de los niños y niñas a los que dice proteger y de los que muchas veces es tutora legal.
La opción contraria, que propugna el actual gobierno, es maltrato institucional, es confrontar las necesidades básicas de los niños y niñas con la rentabilidad empresarial, las necesidades del mercado y del control del déficit de la comunidad. Creemos que toda argumentación que hemos oído defendiendo lo contrario es palabrería de estafador con dinero público y con amigos en empresas privadas.
3- Impulsar el control ciudadano sobre los servicios sociales con la creación de una comisión social compuesta por parlamentarios de todas distintas formaciones con representación en Cortes de Aragón para que visiten los recursos residenciales de menores en protección y reforma de forma anual. También con la creación de un protocolo en el que las representaciones sindicales de los centros externalizados tengan acceso a los borradores de los pliegos de condiciones y puedan hacer propuestas a los mismos.
Este órgano, creado ya en otras comunidades como Navarra, debe conocer el testimonio de los menores como el de los trabajadores de base que les atienden para poder legislar y gobernar sobre criterios de realidad. Algo que no es posible hacer escondido en un despacho, amparándose en el criterio de técnicos a los que se les asignan cargos de libre designación (a dedo).
4- Inclusión en cualquier nuevo concurso público que dependa del Gobierno de Aragón de Cláusulas sociales, en cumplimiento de la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comundad Autónoma de Aragón en su Informe 16/2014, de 1 de octubre.
Es inadmisible que el propio Gobierno de Aragón siga poniendo en peligro los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las personas que ya están trabajando en recursos externalizados como hasta ahora, más aún cuando existe una recomendación de la Junta Consultiva en otro sentido que el Gobierno de Aragón hasta ahora se niega a acatar.
5- Nuevo concurso de gestión educativa del COA con unas condiciones que no pongan en riesgo el cumplimiento de la Ley de Infancia y Adolescencia del Menores, ni el encargo institucional que cumple el COA. Concurso que velará porque la atención a los menores en protección no se vea empobrecida y porque no se minoren las condiciones laborales de los trabajadores que les atienden.
Esta ha sido nuestra lucha desde hace más de cuatro meses, argumentando y peleando con datos públicos y contrastables cada una de nuestras reivindicaciones. Estamos en disposición de enviar todos los dossieres informativos que hemos hecho públicos a cualquier fomación política o colectivo ciudadano que nos lo solicite.
Pedimos a todas las formaciones políticas a que se pronuncien públicamente sobre su decisión de asumir o no como propias estas cinco aportaciones. Asimismo nos ponemos a disposición de cualquier formación política para aclarar las dudas que pueda generar este documento.
Por último, pedimos a los colectivos ciudadanos que se adhieran y difundan la presente carta abierta. Reelaborando el conocido proverbio africano afirmamos: “Para educar a un político hace falta la tribu entera”. Por lo que animamos humildemente a la ciudadanía a participar, con este tipo de herramienta o con la que consideren en los asuntos públicos, de los que todos somos responsables y agentes activos.
Educadores en Lucha – Comité de huelga del COA
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