El enésimo gobierno, que se dice representante de la población aragonesa, va a volver a tumbar la primera oportunidad que tenían los/as aragonesas/es de alcanzar su derechos como ciudadanos/as. La posibilidad de que su lengua materna fuese reconocida por el gobierno que dicta y legisla sus leyes.
Una Ley de Lenguas es el mínimo, pero no está, ni la que aprobó el PSOE, sino una ley como la que tienen otras comunidades como Galicia, Catalunya, Illes Balears, València, Nafarroa o la Comunidad Autónoma Vasca, donde sus respectivas lenguas minorizadas son oficiales. Ta y o como decía el dictamen de la comisión especial de política lingüística de las Cortes de Aragón, aprobado en 1997 sin ningún voto en contra.
No así los actuales políticos aragoneses con representación parlamentaria (todas/os), quienes han renunciado completamente a defenderla.
Los avisos y declaraciones, que desde los diferentes componentes del B.I.C., se han hecho llegar a la opinión pública, sólo demuestran que Puyalón discurre por la buena dirección.
Mientras oímos las declaraciones de los políticos salidos de las últimas elecciones, en los diferentes escenarios, nos damos cuenta “evidentemente” que ellos no son nuestros representantes, no son los representantes de aproximadamente 55.000 hablantes entre catalán y aragonés.
Estas lenguas siguen sin hacerse oír en estos escenarios, y las reivindicaciones de los más reivindicativos no se preocupan por ellas: la Democracia no será completa mientras no esté reconocida la capacidad de hablar de los miembros de su pueblo.
Ni el españolismo, ni el protagonismo, ni la aculturización a la que desde sectores de la cultura aragonesa se nos quiere someter (Aragón es la comunidad con el presupuesto más bajo en cultura de 2012), harán retroceder a los sectores populares y las diferentes manifestaciones que de él salgan. Puyalón está y será siempre con ellos.
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